Despachan a tercer trámite Ley Naín-Retamal

Tras un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tecer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín – Retamal.

En la primera etapa se aprobó la idea de legislar de la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra . La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O, familiares de detenidos desaparecidos; así como de las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; los familiares de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada. 

Durante el despacho del articulado se lograron acuerdos en torno a la regulación de presunción de la legítima defensa y de mantener dicha regulación en el Código Penal. No obstante, algunos senadores de gobierno también anticiparon reservas de constitucionalidad, respecto a otras normas, como por ejemplo, el artículo primero sobre el estatuto de protección, donde se rechazó la indicación propuesta por el Ejecutivo y en el artículo nueve, sobre atenuantes y agravantes de las penas, entre otros.

Al término de la votación el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró el trabajo desarrollado por los distintos sectores políticos, en la Comisión de Seguridad Pública y al Ejecutivo “porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y creo que la propuesta recoge el espíritu de la ley Naín y ley Retamal, es decir, un mayor cuidado a nuestras policías y fuerzas de orden y seguridad”. “Esto nos va a permitir, junto a otras leyes, que ya se han ido aprobando en la agenda de seguridad, ir avanzando en nuevas herramientas para el combate a la delincuencia”.

Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast, quien entregó los alcances de la iniciativa y los cambios que se le hicieron en dicha instancia. En tal sentido, señaló que la idea es «entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de seguridad».

Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa se mencionó que ésta «otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público» y permite que «las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas». Asimismo, se busca «dar mayor protección y garantías para que las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor».

Agregaron que tales atribuciones, así como la figura de la legítima defensa no implica que haya impunidad, pues el proyecto no exime «per sé» la responsabilidad penal del funcionario policial, pues «para que opere esa figura tendrá que operar el Ministerio Público».

No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen «inconsistencias» en la iniciativa y un tratamiento «confuso» en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por lo que plantearon «resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial».

Señalaron que tal como está el proyecto se podría considerar como una «ley gatillo fácil» que además podría derivar en una suerte de «impunidad retroactiva». Agregaron que existen «otras falencias en lo relativo a eximir de responsabilidad del mando» y otras disposiciones que no estarían bien resueltas en la iniciativa y que irían en directo desmedro de la protección y respeto de los derechos humanos.

En la contraparte, hubo quienes justificaron que no se trata de una norma que pueda ser tachada de «gatillo fácil», pues es una «necesidad de devolverle a las policías la legítima defensa en el cumplimiento de sus funciones». Señalaron que «esta iniciativa protegerá a los policías que hacen uso racional de la fuerza».

Por otro lado, hubo coincidencia entre las distintas bancadas en que «es fundamental enfrentar los problemas de seguridad pública y el aumento de delitos importados, para lo cual se necesitan herramientas para atacar estas nuevas prácticas».

Asimismo, los parlamentarios de manera transversal señalaron que el «dolor de las familias que perdieron un familiar no tiene color político»; mientras que otros relevaron que «la seguridad ciudadana no está en contradicción con los Derechos Humanos».