PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA PARTICIPA DE PROMULGACIÓN DE LEY DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE DELITOS

Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz; jueces y funcionarios judiciales, la Primera Mandataria, Michelle Bachelet, promulgó la ley que establece un sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de delitos graves. La normativa promueve evitar la doble victimización, compatibilizando el interés superior de los niños y niñas durante el proceso penal y la eficiencia al sistema judicial.

El Poder Judicial inició el 2013 el primer proyecto de este tipo, instalando en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal salas especiales de declaración para NNA. En la actualidad, la institución ya cuenta con 44 salas en los Tribunales Orales de todo el país y se espera implementarlas en los Juzgados de Garantía y Mixtos, junto con la capacitación necesaria de los jueces en la materia.

La ley promulgada hoy permitirá la grabación del testimonio del niño, niña o adolescente en dos instancias: durante la etapa de investigación del delito y, luego, en la etapa judicial. Los registros podrán ser utilizados las veces que sea necesario por fiscales y jueces, evitando que la víctima menor de edad deba testificar en dos o , incluso, más ocasiones, como es en la actualidad.

GRADUALIDAD

La implementación de la ley se realizará en tres etapas. La primera entrará en vigencia 6 meses después de publicarse el reglamento y comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII.
¿La segunda etapa será dieciocho meses después y abarcará las regiones III, IV, VIII, IX y XIV. Por último, la tercera entrará en funciones veinticuatro meses después en las regiones V, VI, X y Metropolitana.

«Es un día importante para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves. Lo es también para sus familias y para quienes defienden sus derechos desde la sociedad civil. Y para el Estado que en su conjunto concuerda la mejor manera de evitar la victimización secundaria a la que se ven expuestos de manera permanente niños, niñas y adolescentes en nuestro sistema judicial», manifestó la Primera Mandataria, Michelle Bachelet.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo: «Es un avance enorme. La forma en que se trataba a los niños víctimas de esta clase de delitos estaba siendo advertido hace tiempo. Existieron proyectos previos al interior del Poder judicial en contacto con los jueces, se discutió muchísimo esta situación. En un momento se comenzó una discusión con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, porque era imprescindible conciliar los intereses de protección de los niños que claramente estaban siendo maltratados por el propios sistema, con los demás derechos que están en fricción en el proceso. Y la ley alcanza unas soluciones técnicas que son muy razonables hasta hoy. De tal suerte que es evidente que el sistema de justicia dispone a contar de hoy de manera gradual de una herramienta que dará un trato justo a los niños, un trato reparador digno, y que permite ejercer la potestad punitiva en esta clase de delitos que son particularmente graves. Así es que un hecho muy importante que nos debe tranquilizar y alegrar».

«Es una ley que, sin duda, nos hace avanzar como país al generar un nuevo mecanismo de protección para NNA que son partes de un proceso judicial. Es especial para nosotros como Poder Judicial porque recoge nuestro trabajo de más de cinco años en el aislamiento y tecnificación del abordaje a los NNA en los juicios. Fuimos parte de su origen, de su tramitación y ahora somos parte radical de su implementación», dijo la jueza Nora Rosati, encargada del proyecto iniciado el 2013.

La ley estipula que la entrevista en la instancia investigativa será realizada por un entrevistador certificado designado por el fiscal, en un espacio físico especialmente acondicionado para ello. Respecto de la declaración judicial, el sistema propuesto contempla que el niño, niña o adolescente preste su declaración en una sala especial, distinta de aquella en que se encuentran los intervinientes y público. Estará sólo con su intermediario ( que según su edad puede ser un entrevistador certificado o el juez presidente de sala), quien le formulará las preguntas solicitadas en la sala de una manera adecuada. Además, la ley establece que las personas que desempeñarán funciones de entrevistador e intermediario judicial deberán contar con una formación especializada y estar acreditados en un registro especial, que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.